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Animales envenenados

Buenos Aires, 16 de febrero de 2018

 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
Sr. Ministro Rabino Sergio Bergman

Ministerio de Agroindustria de la Nación
Sr. Ministro Dr. Luis Miguel Etchevehere
S / D

Las organizaciones firmantes se dirigen a Ustedes a los efectos de expresar su profunda preocupación ante el hallazgo a mediados de enero pasado de 34 cóndores (Vultur gryphus) y un puma (Puma concolor) envenenados en Malargüe, provincia de Mendoza, y por las razones que subyacen detrás de este penoso suceso.

Este evento se suma a otros similares que se han dado durante 2017, cuando otros 32 cóndores murieron por la misma causa en el país. Es decir, al menos 66 cóndores -más del 20% de la población conocida para el noroeste de la Patagonia- murieron envenenados en Argentina en los últimos trece meses. Ello sin considerar las crías que podrían haberse perdido ante la muerte de los adultos.

Se trata de cifras ciertamente alarmantes, y como organizaciones conocedoras del territorio argentino a través de nuestro trabajo en materia socio-ambiental, bien sabemos se trata de sólo la punta de un iceberg, ya que ocurren muchas otras muertes que no son advertidas y consecuentemente denunciadas.

Corresponde aquí señalar una primera cuestión. Los estudios toxicológicos realizados ante el suceso en Mendoza han demostrado que se está utilizando carbofurano para los envenenamientos. El carbofurano es un poderoso producto químico con elevada toxicidad, prohibido en varios países del mundo, pero aún permitido en Argentina. Cabe destacar aquí, que el carbofurano ha sido agregado en el Anexo III del Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, ratificado por Argentina.

Los pobladores rurales acceden fácilmente a este agroquímico y lo usan indebidamente para tratar de controlar grandes carnívoros. Este accionar contamina el suelo, el agua y pone en riesgo a todas las formas de vida, incluyendo la humana. Hasta la fecha no existe una norma que regule a nivel nacional la trazabilidad, uso y aplicación de agroquímicos siendo necesario poner fin a este preocupante vacío legal que reina en el país.

Por otro lado, la muerte de carroñeros como el cóndor, al alimentarse de animales cebados, es efecto de otro accionar que merece también nuestro absoluto rechazo. Muchos productores ante los conflictos que se dan entre el ganado doméstico y los grandes carnívoros, encuentran como solución causar la muerte de estos últimos para evitar pérdidas en su actividad productiva (ganadera). Esto es muy grave ya que tiene consecuencias en el equilibrio ecológico al afectar la cima de la pirámide alimenticia, y también porque se atenta muchas veces de manera directa o indirecta contra especies protegidas local o nacionalmente.

Sostenemos que es posible producir con buenas prácticas, con calidad competitiva y viendo en las especies silvestres indicadores ecológicos o bien la oportunidad de innovar con su uso sostenible.

Pero en muchas provincias se llega hasta entregar recompensa por cabeza de animal muerto sin que se haya fundamentado tal permiso en censo poblacional actualizado ni evaluación de impacto ambiental alguno sobre tal clase de accionar; y sin que tampoco se hayan analizado otras alternativas existentes que promueven la posible armoniosa co-existencia de ganado y grandes carnívoros por medios no perjudiciales para la fauna silvestre cuya protección es deber de todos los argentinos (Ley Nacional de Fauna 22.421).

Por dar un ejemplo, y siguiendo la línea del párrafo anterior, en una investigación realizada por el Defensor del Pueblo de la Nación, la provincia de Santa Cruz formalmente informó que entre 2014 y 2015 se mataron en dicha jurisdicción 1106 pumas y 1928 zorros. Números alarmantes considerando la falta de información de base señalada, clave para la toma de decisiones.

Corresponde resaltar que el envenenamiento u otras vías como la electrocución o el abatimiento por arma de fuego, han causado la actual crisis global de extinción de los grandes carnívoros. Además, debemos recordar adicionalmente aquí el caso de mortandad de aguilucho langostero (Buteo swainsoni) en 1995 por envenenamiento usando organofosforados para controlar la tucura. Fue un caso que muestra los efectos negativos que pueden tener las prácticas agrícolas sobre la fauna silvestre, y que prácticamente diezmó la población de esta especie, que además es migratoria. Más recientemente, se suman los casos de los equivalentes de nuestros cóndores en el Viejo Mundo, los buitres que mueren envenenados por una droga anti-inflamatoria usada en el ganado. Mientras que los cóndores californianos también se ven amenazados por pesticidas en el norte de América. Estas informaciones debieran ser un claro recordatorio y señal de alerta para nuestro país.

Lo arriba descripto permite demostrar que en Argentina existen prácticas que atentan directamente contra la fauna y la biodiversidad en general, que han sido naturalizadas y que deben ser reguladas, con un pleno y activo involucramiento de las autoridades nacionales dado que las especies de carnívoros y carroñeros referidas exceden los límites de una provincia, y por ende debieran ser resguardadas a nivel nacional.

No debe la Nación escudarse en que las provincias tienen el dominio sobre los recursos naturales presentes en sus territorios, sino que debe liderar una iniciativa que atienda a lo largo de todo el país esta grave situación de manera integral, con un enfoque ecosistémico, promoviendo la armonización de la normativa vigente en la materia a escala nacional y provincial, generando participativamente planes de manejo para las especies, y asegurando una férrea implementación de medidas de control en el territorio con todo el fortalecimiento de las jurisdicciones locales que ello pueda requerir.

Por todo lo expresado solicitamos:

Ø El pronto esclarecimiento de estos recientes envenenamientos, y el efectivo cobro de multas ejemplificadoras;
Ø Se sancione y se haga cumplir a la mayor brevedad posible una ley de trazabilidad, uso y aplicación de agroquímicos a nivel nacional, en el marco de un proceso participativo en el Congreso de la Nación;
Ø Se atienda especialmente la situación de carnívoros como pumas y zorros los cuales son combatidos en muchas provincias de manera feroz, sin que haya marcos regulatorios responsables, censos poblacionales actualizados ni evaluación alguna sobre el impacto ambiental de tal clase de proceder;
Ø Se desarrolle un programa de asistencia y extensión a los ganaderos, tendiente a revisar sus prácticas e implementar buenas prácticas ganaderas compatibles con la conservación de la biodiversidad que reduzcan las pérdidas por depredación de ganado por especies silvestres. Esto necesita incluir la utilización de métodos de persuasión que prescindan de la matanza de la fauna silvestre y mitiguen el conflicto que mantiene en tensión al sector ganadero con aquella, promoviendo la reconversión hacia actividades de manejo sustentable. Esto supondría además, un respaldo a los muchos productores ambientalmente ya comprometidos;
Ø En línea con lo anterior, se financien y desarrollen programas de educación ambiental que concienticen sobre la importancia de la vida silvestre y los beneficios que la misma confiere a los humanos.

A los efectos de atender la urgencia en materia de envenenamientos requerimos de manera inmediata:
Ø Se entrene a las autoridades provinciales sobre los cuidados para atender los casos de envenenamiento y minimizar riesgos para su propia salud;
Ø Se prevean laboratorios oficiales, con el equipamiento adecuado, para el envío de muestras y realización de los correspondientes estudios toxicológicos; y,
Ø Se mejore de manera urgente el control de las normas vigentes y la aplicación de sanciones ejemplares para que efectivamente cumplan su objetivo de disuadir nuevos eventos de envenenamiento en el futuro.

Sin más, y quedando a vuestra entera disposición para encuentro presencial saludan
atentamente,

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